En
el año 2003, los argentinos iniciamos un camino en el que hemos reivindicado
antiguos ideales colectivos, y a la vez hemos remendado errores históricos.
Esto último no nos hace erráticos, en absoluto. Da cuenta de una maduración
como sociedad, nos afirma en nuestra identidad y nos allana el camino para
lograr nuestro destino común.
Los
juicios a los genocidas del proceso fruto de la derogación de las leyes de
Obediencia debida y Punto final; la recuperación a manos del Estado de los
fondos previsionales que estaban administrados por las AFJPs ; el retorno a la
administración estatal de algunos servicios básicos; la sanción de la Ley de
Medios Audiovisuales, imprescindible para la democratización de la provisión de
información; la re estatización de Aerolíneas Argentinas, vaciada por la administración
de la empresa Marsans, de capitales españoles; la renegociación y quita de la
deuda externa argentina frente a los organismos internacionales y acreedores
privados; las políticas industriales y de empleo inclusivas; la integración
latinoamericana y trabajo mancomunado con los países vecinos; las políticas
sociales progresistas como la asignación universal por hijo (AUH); el incentivo
a la participación de los jóvenes en política; la revalorización de nuestra
identidad cultural y el respeto frente a la diversidad de elección son algunos
de los ejes de un modelo de país que queremos que pise fuerte, y son algunos de
los ejemplos que como sociedad nos llenan de orgullo.
Pero hay un hito para los argentinos que es
sinónimo de lo nuestro: YPF
El
16 de abril de 2012 la
Presidenta Cristina Fernández de Kirchner remitió al Congreso
Nacional un proyecto de ley para que el Estado argentino recupere YPF S.A.,
declarando el 51% del patrimonio de la empresa de utilidad pública y sujeto a
expropiación.
El
3 de mayo, la cámara de Diputados convirtió en Ley la Nacionalización de YPF,
con una abrumadora mayoría de votos positivos, provenientes tanto de la bancada
oficialista como de sendas bancadas opositoras.
Esta
decisión no responde a un capricho “nacionalista o populista” como expresan muchos
detractores. Es un acto de absoluta soberanía sobre el uso de nuestros recursos
naturales, en este caso sobre el petróleo, un elemento estratégico para el
desarrollo de nuestro país. La
expropiación no se realizó simplemente por el hecho de que YPF-Repsol haya
estado en manos privadas, sino fundamentalmente por los incumplimientos en la
inversión para la exploración y
producción.
La
“expropiación” es un medio que tiene el gobierno (se encuentra en nuestra
Constitución) para adquirir un bien de un particular, si éste no se lo quiere
transferir al Estado. Cuando éste expropia no tiene necesidad de llegar a un
acuerdo con el dueño del bien expropiado, incluso puede hacerlo contra la
voluntad del dueño. La expropiación requiere de dos condiciones: que una ley
del Congreso declare al bien de que se trata afectado a un fin de utilidad
pública y que antes de que el dueño de la cosa expropiada sea privado de su propiedad,
reciba una indemnización justa que cubra el valor real de la cosa de la que se
ve privado. Si no hay acuerdo respecto del monto de la indemnización entre el
Estado que expropia y el dueño de la cosa expropiada, éste debe ser fijado por
la justicia.
El
comportamiento de YPF-Repsol implicó para Argentina un fuerte deterioro
en términos de la capacidad de autoabastecimiento en materia de combustibles.
El resultado de ese movimiento produjo una creciente necesidad de importaciones
de combustibles, lo que a su vez llevó a una mayor vulnerabilidad externa e
incidió en las políticas de crecimiento con inclusión social que desde el 2003
permitieron, entre otras cosas, que la tasa de desocupación se redujera del
24,7% registrado en 2002, al 6,7% actual de la población económicamente activa.
Debido
a las políticas ejecutadas por YPF-Repsol, por primera vez en 17 años Argentina
registró un saldo comercial deficitario en materia de combustibles, que alcanzó
US$ - 3.029 millones en 2011.
YPF
representa para los argentinos el símbolo de lo que queremos ser como Nación. Es
una causa común, tal como ha sido plasmada en el parlamento en forma rotunda.
Corregir
los errores pasados, es una obligación moral que tenemos los dirigentes de
ahora. Y Gobernar para las generaciones futuras, nuestro compromiso.
Leandro
Martin
Concejal
de San Isidro
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