martes, 9 de octubre de 2012

Fue aprobado por una comisión legislativa el Proyecto de Ley de Economía Popular, Social y Solidaria


La Comisión Legislativa de Asuntos Cooperativos y Vivienda se reunió ayer en la Legislatura bonaerense y aprobó por unanimidad el proyecto de Ley de Economía Popular, Social y Solidaria que impulsa la Secretaria de Participación Ciudadana junto con el Consejo Asesor Cooperativo de la provincia de Buenos Aires. La diputada Patricia Cubría (FPV), que presentó el proyecto, estima un tratamiento rápido de las otras comisiones legislativas y de la Cámara de Diputados para que la ley pueda ser sancionada antes de fin de año.

En la reunión de Comisión se encontraron presentes el secretario de Participación Ciudadana, Luciano Javier Ruiz; el subsecretario de Acción Cooperativa, Federico Ugo; y los diputados Oscar Negrelli (CC), Alfredo Lazzeretti (FAP), Walter Abarca (FPV) y Patricia Cubría. “Hay un consenso unánime de los bloques más allá de la pertenencia partidaria de cada uno de nosotros y se debe a la necesidad inmediata de operar sobre la realidad de los nuevos trabajadores de la Economía en la provincia”, afirmó Negrelli, presidente de la Comisión Legislativa.

El proyecto de ley propone la creación del Instituto de Cooperativismo y promoción de la Economía, Popular, Social y Solidaria, un ente autárquico descentralizado que se constituirá en el órgano por excelencia donde se desarrollen las políticas que tiendan a la inclusión de los trabajadores que fueron hostigados salvajemente con el modelo neoliberal de los años noventa.

Por su parte, Federico Ugo explicó que el sector de la Economía Popular “comprende la realidad de miles de trabajadores que participan de una red de intercambios de bienes y servicios no orientado a la acumulación de capital, sino a la generación de ingresos de subsistencia, como el caso de los cartoneros, recicladores y vendedores ambulantes. Es el sector de la economía informal que ha logrado organizarse de forma asociativa y solidaria y el Estado tiene la obligación de proteger”.

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