El martes 23 de marzo en la sede central del Consejo de Partido Justicialista de San Isidro se realizó una Jornada de Reflexión abierta a la comunidad sanisidrense en vísperas de cumplirse 34 años del Golpe Militar genocida de 1976. Con la participación activa de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte, familiares de desaparecidos y víctimas de la última dictadura militar que dieron testimonio a los más jóvenes sobre sus propias experiencias de vida, vecinos, dirigentes sociales, representantes de organizaciones de la comunidad y militantes políticos se trabajó sobre la importancia en la recuperación de la MEMORIA por parte del Gobierno Nacional como eje central para la construcción de nuestra identidad como sociedad, y cómo, la anulación y la apropiación de la Memoria individual y colectiva a través del Terrorismo de Estado oculto mecanismos a lo largo de nuestra historia para la instalación de un modelo cultural autoritario de dominación y disciplinamiento social funcionales a los intereses de los sectores económicos y sociales más poderosos de la argentina que aún pretenden un país viable tan solo para unos pocos.
El presidente del PJ San Isidro, Santiago Cafiero, expresó: “el Terrorismo de Estado, la planificación del exterminio y la muerte de 30.000 argentinos no pueden significarnos solamente un dato fáctico de nuestra historia. Juan Domingo Perón con sabiduría sentenció hace más de 40 años que los Pueblos que olvidan su pasado renuncian a su porvenir. La memoria es una parte esencial para la construcción de nuestras vidas. De eso se trata. De no olvidar. De no negar la historia. De no silenciar nuestro pasado. Para así poder pensar y trabajar juntos por un futuro mejor que pueda ser vivido por las próximas generaciones de argentinas y argentinos”.
Al comienzo de la jornada los concejales Santiago Cafiero, Leandro Martín y Aurora Bastidas acompañados por Raquel Witis de la Comisión de la Memoria de Zona Norte y Alfredo Ayala Secretario de Derechos Humanos del PJ San Isidro, dieron lectura y firmaron un proyecto de comunicación por el cual se solicita a la Municipalidad de San Isidro informe sobre la posible venta del predio ubicado en la calle Thames y colectora de Panamericana en la localidad de Villa Adelina (ex Campo Municipal de Deportes Nº 5) donde funcionó en el transcurso del proceso militar el Servicio de Inteligencia Naval (SIM o Casa del COAR), como lugar de tortura y paso previo a la detención de víctimas en la ESMA. Asimismo se le solicita que envié al HCD el Plan municipal con el que se cumplirá lo establecido por Ley Provincial 13.584, que impera "arbitrar los medios para la preservación de todos los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar" como el mencionado predio, el COT 1 Martínez, la Comisaría 4º de Martínez y el Batallón de Arsenales 601.
Al respecto el concejal Martín afirmó que históricamente “el Bloque de PJ San Isidro siempre sostuvo una posición contraria a la venta del patrimonio histórico, cultural y publico municipal para favorecer la proliferación de negocios inmobiliarios pero en esta oportunidad de haberse realizado la venta no solo se estaría trasgrediendo una ley provincial sino que sobre todo se estaría ignorando y ocultando la historia de un predio que en San Isidro fue utilizado por la dictadura militar como un centro clandestino de detención y tortura. Tenemos la responsabilidad de reclamar que en nuestro distrito también podamos trabajar por la construcción de la Memoria, la Verdad y la Justicia”. Por su parte la concejal Bastida expresó la necesidad de saldar “la deuda pendiente que mantenemos como comunidad con los más de cien (100) desaparecidos vecinos sanisidrenses haciendo de estos lugares verdaderos espacios para la reconstrucción de la memoria y la justicia”.
Al finalizar Raquel Witis (madre de Mariano vecino de Martínez víctima de la política de Gatillo Fácil) en representación de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte planteo: “uno de los problemas más graves que debió enfrentar la democracia luego de la dictadura fue la subordinación de las fuerzas de seguridad a las fuerzas armadas. Las prácticas establecidas, desaparición forzada, tortura, apropiación de niños, etc., pasaron a formar parte de su actuación cotidiana”. Además afirmó “apoyamos y defendemos la política de derechos humanos del gobierno nacional, y como sociedad debemos sostenerla y profundizarla. Muchas de estas acciones políticas son resistidas con ferocidad por los grandes grupos económicos que acostumbran desde siempre manejar gobiernos con los mismos fines que nos han hundido recientemente en la crisis del 2001; mayores beneficios para pocos y miseria para las mayorías”, concluyó.
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