El caso Kraft, resuelto de la peor manera

Un cable de la agencia oficial de noticias Telam, del sábado a la mañana, informó que los detenidos durante el desalojo por la fuerza de la multinacional Kraft Foods, por parte de la policía bonaerense, habían recuperado su libertad esta madrugada, tras los incidentes del viernes por la tarde.

Los que no recuperaron sus trabajos son los 161 empleados despedidos por la multinacional, por el solo hecho de que la empresa se encuentra gestionando una fusión internacional, para lo cual deben cerrarle los números y, como suele ocurrir en estos casos, la variable de ajuste son los trabajadores.

Este hecho no es aislado, Prensa Libre dio informaciones sobre conflictos de Kraft en Colombia y Perú, informados por la agencia Rebanadas de Realidad. Tras el desalojo policial, Kraft difundió un poco creíble comunicado en el que aseguró que mantendrá los puestos de trabajo que no despidió hasta ahora, y pagará los sueldos adeudados.

Poco creíble es el comunicado porque recientemente firmó un convenio similar con la Municipalidad de Tigre en el cual se “comprometía” a no despedir empleados sin justa causa (la baja en la rentabilidad de la firma no lo es) hasta por lo menos octubre y no lo cumplió. Tampoco acató al menos tres conciliaciones obligatorias.

Este conflicto con empresas a las que no les interesa el país -o tal vez si, pero mejor ni pensar para que fines- no es el primero en la zona norte, y así como es grave la destrucción de puestos de trabajo para obtener más ganancia empresaria, es grave el manejo político que hacen del problema las partes que deberían aportar soluciones.

Tigre nunca hizo valer el convenio de no despido porque el Intendente local, Sergio Massa, mira con fijeza el sillón de la gobernación bonaerense, y aplica con Daniel Scioli el proverbio chino, árabe, universal: ”siéntate en la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo”.

Para la CGT Zona Norte el objetivo de máxima es que la empresa pague los despidos, y es un plus si se saca de encima a los díscolos trabajadores de “izquierda” que arman “comisiones internas combativas”, que se animan a pedir condiciones dignas de trabajo (baños limpios, entre otras, en el caso Kraft), mejor paga u otras pretensiones.

Como muestra, basta recordar la represión, a mediados de junio último, a trabajadores de Impresora FP, de Florida, despedidos por intentar agremiarse a la Federación Gráfica Bonaerense. Los trabajadores pernoctaron en el estacionamiento de la firma tras un largo lock out patronal, hasta ser desalojados violentamente por la policía.

¿Por qué el Ministerio de Trabajo bonaerense no actuó para salvaguardar el derecho a trabajar de los obreros de Kraft? La misma pregunta cabe para el organismo a nivel nacional ¿No hay sanciones para una empresa que no cumple las conciliaciones obligatorias que ordena el poder público? Tampoco hay respuestas para esto.

"Estamos hablando de una empresa con despido masivo de 160 trabajadores cuando antes se tendría que haber explicado al Ministerio de Trabajo por qué se quiere despedir a esos trabajadores. Ese es el disparador del conflicto", evaluó para la agencia Telam el actual diputado, y por años asesor de la CGT, Héctor Recalde.

Unas líneas merece la miserabilidad de los monopolios mediáticos capitalinos que reducen el problema del despido y la violación del derecho al trabajo de 161 familias, a cuestiones de tránsito en la Panamericana o en la avenida de Mayo, cuando días atrás justificaban de vida o muerte los cortes de las rangers de los patrones agroindustriales.

En este contexto, hoy más que nunca hace falta política y hace falta el Estado. “Sin política hay gestión ingenieril empresarial sin ninguna otra discusión que no sea la de la rentabilidad”, dijo hace poco en San Fernando el filósofo Ricardo Forster, y advirtió: “Sin política no hay posibilidad de construir un proyecto de sociedad mejor”.

“Sin Estado, lo que hay es el triunfo definitivo de los tiburones que se devoran todos los bancos de peces que tienen a su alrededor” graficaba Forster y volvía a advertir que el Estado no debe ser funcional a las clases dominantes: “una caja negra que siempre funciona para enriquecer a unos pocos”.