El diputado nacional por la UCR y candidato a Intendente de Vicente López pide que se restituyan los topes en la aplicación de la revaluciones que establecía la legislación impositiva durante los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Ahora lo deberá tratar la Cámara.
"Los habitantes de Buenos Aires han sufrido un importante aumento en el impuesto inmobiliario que en algunos casos llega hasta el 700 %, lo que se ha comprobado con boletas que vecinos de la provincia nos han hecho conocer. El incremento está motivado en la aplicación de un aumento promedio del 25 % en la totalidad de la masa de contribuyentes y, fundamentalmente, en la puesta en marcha de actualizaciones de las valuaciones que realizara el Gobierno Provincial durante 2006 y 2007. Dicho proceso de revaluaciones fue cuestionado y, a pesar de todo, la Provincia aplicó igualmente la actualización de las valoraciones. El argumento del fisco provincial de buscar con esta medida una mayor equidad tributaria, es falso. Esta medida es injusta ya que al eliminar los topes a las subas que se venían aplicando en ejercicios anteriores, genera aumentos excesivos en inmuebles de medianas valuaciones fiscales", explicó Erro.
Según el diputado nacional y candidato a Intendente de Vicente López, el "impuestazo" es retrógrado y así lo explicó en la presentación que en breve ingresará a la Cámara de Diputados. "No es progresista como pretenden presentarlo, sino que promueve la igualación para abajo. Las ineficientes gestiones provinciales han ido distorsionando los fundamentos que dieron lugar a la creación del Impuesto Inmobiliario, el que originalmente buscaba sancionar a la tierra libre de mejoras -señaló Erro-. El incremento se traduce en un castigo al progreso de muchos municipios cuyos vecinos aportaron para tener pavimentos, agua corriente, cloacas, hospitales municipales, apoyo a la seguridad, educación y otros servicios que hacen que una propiedad mejore su valor.
Ese esfuerzo que hicieron los vecinos de muchos lugares para reemplazzar la ausencia de la Provincia, se encuentra ahora castigado por el mismo Estado que no cumple sus obligaciones en materia de seguridad, salud y educación".
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