Denuncia de una concejal: La municipalidad de Vicente López se niega a mostrar sus estados contables

“Por segunda vez en el año, la municipalidad de Vicente López emitió una denegatoria como toda respuesta a un pedido de informe sobre la situación patrimonial del municipio requerido por la Concejal Blanca Díaz (Espacio SI)”, dicen desde la oficina de prensa de la mencionada concejal.

La negativa –explican- está justificada aduciendo que “no se aclara (…) el motivo de la consulta.”
“Estos documentos no son nada especial: son los estados contables que debe realizar y archivar cualquier organización, tanto pública como privada, por obligación legal”, declaró Díaz, contadora pública de profesión. “Es información pública que está archivada, no representa trabajo adicional para el municipio: es mandar a imprimir un par de archivos, nada más.”

La edil ya había realizado un pedido similar en junio de este año, que recibió como única respuesta una nota aclarando que “todas las oficinas que forman parte de este Municipio y, que están registradas en esta Dependencia con bienes inventariables, han presentado su inventario actualizado al 30/12/2006, 30/12/2007 y 30/12/2008”, pero sin adjuntar los documentos públicos solicitados.

“Esto no es un capricho. El acceso a la información pública es un derecho, no una concesión generosa del poder político. No hace falta un interés particular ni un motivo especial para acceder a los documentos del Estado. Esto está legitimado por legislación nacional, provincial y por tratados internacionales”, sostiene Díaz. En efecto, el decreto nacional 1172/03 estableció un reglamento de acceso a la información para la administración pública nacional, reconociendo como antecedentes los artículos 1, 33, 41, 42 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. Éste último otorga jerarquía constitucional al Pacto de San José de Costa Rica, cuyo artículo 13 inciso 1 establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.” También la provincia de Buenos Aires tiene su propia ley de acceso a la información, la 12745.

Frente a las repetidas denegatorias, Díaz piensa insistir. “Ya presentamos un nuevo pedido de informe. No es lógico que el pueblo no pueda saber qué bienes integran el patrimonio público”.