Chamatrópulos contra todos

Una fuerte denuncia, donde involucra a funcionarios y a sus colegas del Concejo Deliberante de San Isidro, hizo pública el concejal Pablo Chamatrópulos en el día de ayer.
Aquí se publica la versión completa:

"EXTRAÑA SESION

En la última sesión del año del Concejo Deliberante de San Isidro (22.12.09) se produjo un curioso suceso sobre el que quisiera reflexionar junto a ustedes.
Creo que más que acertadamente, el concejal Santiago Cafiero pidió la palabra para referirse a las amenazas dirigidas a la presidente de la Nación, Cristina Kirchner, emitidas hacia la radio del helicóptero en el que viajaba en razón de sus funciones. ¿Recuerdan? “Maten a la yegua”… y otras desubicadísimas expresiones por el estilo.
El asunto, complejo por cierto, no refiere solo al disparate verbal, sino mucho más que eso, a la actitud agresiva ejercida desde algunos “pliegues del poder” sobre funcionarios públicos democráticamente consagrados, es decir, absolutamente legítimos.

Por cierto, nadie podría decir que temas como el abuso de poder o la utilización del poder para fines espurios o de grupo sean novedad en este país.
Es más, a lo largo de las últimas 8 décadas, desde 1930 en adelante, se ha verificado en toda su brutalidad posible y en todas sus formas imaginables.
La Argentina, y su aún joven democracia, han tratado de ir eliminando esas prácticas, pero, está a la vista de todos, todavía no lo han logrado.

¿Por qué no lo ha logrado? Porque muchos argentinos son todavía brutales en el uso del poder. Hablo de políticos, empresarios, periodistas, sacerdotes y ciudadanos comunes. Estén donde estén, en el gobierno o fuera de él, han quedado anclados a la cultura dominante de un tiempo que ya pasó, pero que ha dejado sobre el presente una estela densa y oscura de modos que aún nos condicionan.

En el contexto del tema que acabo de comentar, me pareció oportuno señalar al cuerpo “deliberativo” del municipio lo sucedido con el Subdirector de la Dirección de Publicidad, Raúl Mateos, a quién acabo de acusar penalmente por falsificación de documento público a raíz de la redacción de dos actas de infracción realizadas sobre hechos supuestamente verificados en dos puntos distintos del partido entre uno y otro, aunque reflejados en actas numéricamente consecutivas confeccionadas en la misma fecha y hora.

En síntesis, un caso de abuso de poder, de persecución manifiesta, de amenaza inhibitoria, fundado en que un funcionario de alto rango municipal puede (y de hecho lo hace) realizar todas las actas de infracción municipal que desee (o que se le ordene), desde su escritorio, sin moverse y sin observar que en las mismas cuadras donde se “verificó” esas supuestas infracciones hay otras tantísimas, inclusive municipales, sobre las que “no reparó”.
Pero nunca supuse que una simple enunciación sobre las peores actitudes y prácticas de “los pliegues” del poder municipal fuera a provocar una tremenda ofensa en buena parte de los concejales.

La presidenta del Cuerpo, Rita Kuzis, por ejemplo, intentó levantar la sesión en medio de mi alocución, por el tenor de mis dichos. No lo hizo formalmente, pero invitó a los concejales a irse o a quedarse, indistintamente.

Entonces, varios concejales se me vinieron literalmente encima, con empujones e insultos. El concejal Ricardo Aragona, visiblemente desencajado, me llamó “payaso”. El concejal Raúl Lauzurica, que fue un paso mas allá que Aragona, se abalanzó sobre mi en un claro intento de agresión física.

Sin embargo, mas allá de estas “pequeñeces” reveladoras de cómo podría ser el “repudio” al delito (duro con el ajeno y cómplice con el propio) en el Concejo Deliberante de San Isidro, todavía resuena en mis oídos la frase lanzada por el concejal Jorge Álvarez que me acusó ferozmente de “no respetar las reglas”.

Ahí me di cuenta de que estaba en problemas.
Si las “reglas” a las cuales podría referirse el concejal Jorge Álvarez están escritas, yo he actuado con irresponsabilidad. Obviamente, al asumir como integrante de un cuerpo colegiado, debí tener en cuenta sus “reglas” de funcionamiento. Violarlas sería, sin dudas, una falta de respeto al Cuerpo.
Ahora, si las “reglas” a las que se refiere Álvarez no están escritas, es decir, si fueran una especie de código mafioso convenido entre pocos a fin de parecer éticos hacia afuera pero no permitir la exhibición de los trapos sucios de adentro, entonces estaríamos en otro escenario.

De tal modo, he decidido preguntar públicamente a los restantes 23 miembros del Concejo: ¿Cuáles son las “reglas” a las que se refirió el concejal Jorge Álvarez?
De existir, supongo que todos las conocerán, y lloverán sobre mi escritorio respuestas por escrito de todos los ediles.
De no existir, este Cuerpo está en problemas.

Concretamente, deseo saber si es correcto o incorrecto, si es legal o ilegal, si está permitido o prohibido, que los concejales denuncien en las sesiones del Cuerpo las incorrecciones o hechos delictivos protagonizados por funcionarios de la administración municipal. Por supuesto espero y deseo la respuesta de cada uno de los concejales, que haré conocer a toda la población, anticipando desde ya que si las “reglas escritas” que impiden denunciar los delitos o incorrecciones internas existen, pediré disculpas públicamente y trataré las ilicitudes solo en sede judicial hasta que logre cambiar “esas reglas”.

De paso, sería bueno que opinaran sobre la corrección o incorrección de agredir físicamente y de palabra a un miembro del Cuerpo por parte de otros miembros del Cuerpo, en el propio recinto de sesiones. A mi me parece un disparate.
Pero espero la opinión de ustedes.

En principio, me siento tentado a vincular lo sucedido en nuestra última sesión del año con una situación de amenazas protagonizada poco tiempo antes, en la vía pública, por el concejal Carlos Castellano contra dos militantes de la Agrupación política a la que pertenezco. Que “podríamos tener problemas con muchachos partidarios con poca paciencia”, dijo Castellano, y que después “no se nos ocurriera quejarnos”, concluyó.
¿Será un estilo? Se sabrá rápido.

Dos detalles más. Ningún concejal, ni ningún funcionario municipal me preguntó, ni se ofendió, ni se inquietó, por la actitud del funcionario Raúl Mateos, denunciado penalmente por falsificación de documento público. Desconozco si la Dirección de Personal lo ha llamado, si se ha iniciado algún sumario interno, o qué opinan sus superiores. Si fuera hallado culpable, su suerte no será de las mejores. Y la suerte de sus jefes (al menos los inmediatos), tampoco será buena. Veremos, la justicia dirá.
Ante los Concejales, la “ofensa inadmisible” fue por decirlo. No porque ocurriera el ilícito. Es llamativo.

Por último, quizá sea oportuno recordar que hace algunos años ejercí funciones en éste municipio como “Defensor de los Consumidores”.
Hoy, desde otra función, pretendo hacer lo mismo. Nunca defendía las corporaciones, nunca fui incondicional ni obsecuente de nadie. Nunca necesité del “dedo” de nadie para asegurarme “un carguito”. Y nunca fui un cobarde.
Dicho esto, espero conocer “esas reglas” que según el concejal Jorge Álvarez he violado.
Cordialmente,

Lic. PABLO CHAMATROPULOS
Concejal por San Isidro
Presidente de Agrupación Ciudadana