El Concejo Deliberante de San Isidro, en sesión extraordinaria (cuarta del año) pidió el traslado del Fuero Penal Departamental de San Isidro “a una zona de mejor accesibilidad y que disminuya la conflictividad que genera su actual emplazamiento”.
La resolución aprobada consta de seis artículos y en ella pide a las autoridades provinciales competentes que “inicien las acciones tendientes a recuperar los predios de su propiedad, sitos en la calle Bernardo de Irigoyen de la Ciudad de Boulogne, actualmente ocupados por una concesión a favor de la entidad civil conocida como “DIMA”, quien a su vez permite una explotación comercial en los mismos, a fin que en ellos se traslade la mayor cantidad de actividades desarrolladas por el Fuero Penal Departamental”.
A la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, al gobernador y al Ministerio de Justicia bonaerenses, pidió un amplio informe sobre las acciones desarrolladas tendientes a la construcción y puesta en funcionamiento de la Ciudad Judicial de San Isidro, como así también de aquellas propuestas elaboradas respecto al traslado de cualquier Fuero Departamental.
Solicita también a estos organismos que “cualquier emplazamiento de instalaciones destinadas al desarrollo de actividades jurisdiccionales del Departamento Judicial de San Isidro, cuenten con las respectivas autorizaciones municipales y se erijan en zonas con uso conforme al Código de Ordenamiento urbano vigente”.
En la exposición de motivos, que forma parte de la resolución, se expresa que “una importante cantidad de vecinos de ‘La Horqueta y barrios aledaños’ plantean su oposición” al proyecto promovido por el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires “de traslado sobre la calle Uruguay de los Tribunales Orales del Fuero Penal”.
Más adelante recuerda que el cuerpo se pronunció “en reiteradas oportunidades respecto a la necesidad de una nueva ubicación para los Tribunales de San Isidro, en la convicción de que la solución definitiva será la construcción de la ‘Ciudad Judicial’ radicada en una zona de mejor accesibilidad y que no provoque graves impactos con su entorno urbano y social”
Y añade que hace más de 10 años el Colegio de Abogados de San Isidro, junto a otras entidades profesionales y el gobierno municipal elevaron a las autoridades provinciales competentes un proyecto de traslado del Fuero Penal.
Allí sugirieron, entonces, la utilización de terrenos de propiedad de la Pcia. de Buenos Aires ubicados sobre la calle Bernardo de Irigoyen de la ciudad de Boulogne.
“Por ello –dice- este Cuerpo ratifica la petición que oportunamente hiciera el Departamento Ejecutivo, de traslado al predio propuesto, ya que el mismo cuenta con instalaciones construidas en aproximadamente 5.000 m2 con oficinas, espacios para estacionamiento interior y próximo a la Ruta Panamericana y Autopista del Buen Ayre”.
Rechaza luego el eventual traslado de cualquier actividad judicial a terrenos de la ex usina “Santa Elena” sobre la calle Alsina de la Ciudad de San Isidro y que son propiedad de la Corte de Justicia bonaerense y expresa que si bien la administración de Justicia es de competencia exclusiva de la Provincia de Buenos Aires “tanto como que la regulación del funcionamiento de las actividades públicas y privadas que se desarrollen dentro de los ámbitos territoriales de los municipios, son competencia de los gobiernos locales, situación que debe ser respetada por todos los organismos nacionales y provinciales a fin de preservar el respeto irrestricto a las autonomías municipales contempladas en las constituciones Nacional y Provincial, situaciones que lamentablemente no siempre han sido contempladas por estamentos superiores del Estado”.
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