Rendición de cuentas 2009 en Vicente López

En la última sesión del Concejo Deliberante se puso a consideración la aprobación de las cuentas municipales concernientes al período 2009. Fueron presentados dos dictámenes: uno de mayoría apoyado por el oficialismo, y otro de minoría autoría de Paola Caputo y acompañado por las firmas de los concejales Gustavo De Benedetti y Silvia Maldonado quienes pertenecen a la comisión de Hacienda y Presupuesto, como así también con el aval del intrerbloque Acuerdo Cívico y Social.

En su discurso, la concejal Caputo señaló que no se ha podido contar con la información necesaria, con su correspondiente soporte electrónico lo que hubiera permitido facilitar el tratamiento de la información para realizar los análisis correspondientes. “Esto es aun más preocupante si se tiene en cuenta que recientemente hemos aprobado una ordenanza que nos obliga a suministrar nuestro trabajo legislativo en soporte digital”.

Señaló que las condiciones para trabajar sobre la documentación recibida no permitieron realizar un exhaustivo análisis, y manifestó su deseo de que el oficialismo se acostumbre a realizar una exposición detallada, transparente y explicativa en el ámbito de la comisión de hacienda.

Caputo señaló en su discurso:

El presupuesto del año 2009 muestra una diferencia de 24 millones de pesos entre los recursos efectivamente percibidos y los que fueron estimados. Mientras que se obtuvieron recursos por 407 millones de pesos los recursos que habían sido estimados fueron de 382 millones de pesos. Sin embargo, a pesar de la importante mejora en la obtención de recursos el propio dictamen de mayoría calcula que el balance financiero al 31 de diciembre del 2009 arroja un déficit de 13,8 millones de pesos. “Me preocupa señalar que aun teniendo mayores ingresos de lo que se había presupuestado se haya incurrido en déficit presupuestario. Así mismo, el exceso de recursos que pudo obtenerse en relación a lo que había sido presupuestado fue utilizado sin consideración de este Honorable Concejo, y que esta es una práctica que constituye una grave falta a las disposiciones de La Ley Orgánica de las Municipalidades y que se constituye en un verdadero instrumento de superpoderes que no están previstos ni en la legislación provincial, ni están delegadas por el Honorable Concejo Deliberante”.

También señaló:

Pero lo más grave de la deuda flotante del 2009 no es que casi duplica la del 2008 sino que oficialmente la misma pretende relativizarse arguyendo la existencia de fondos disponibles por 19,1 millones de pesos que supuestamente habrían de estar destinados para cubrirla en parte. Esta disposición de fondo que según el dictamen de mayoría refleja una buena administración municipal surge de entre otras cosas de un saldo de caja constituido por la subejecucion de programas sociales particularmente sensibles a la población del municipio. Uno de esos programas es el programa integral de protección ciudadana que se sub ejecutó en un 88,3 %. Según el dictamen de mayoría esta sub ejecución está al servicio de cubrir la deuda flotante con los proveedores del estado municipal. En este sentido, los parámetros supuestamente manejables de esta supuesta buena administración municipal tiene como variable de ajuste temas tan sensibles como la inseguridad y la población más vulnerable de los vecinos de nuestro municipio, afirmó la concejal.

Entre los temas que resultan preocupante señaló, la creciente utilización de la figura del legítimo abono. “En lo que va de este año ya han sido aprobado por este Honorable Concejo un monto total similar al total de todo el ejercicio del año 2009”. Esta figura administrativo contable ha sido desaconsejada en el Informe presentado por la República Argentina en la Quinta Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, de la Organización de los Estados Americanos, en Washington DC, 2 al 6 de febrero de 2004. En dicho informe se dice explícitamente que los actos de legítimo abono tienden a ”encubrir” licitaciones directas, siendo que sus “factores facilitadotes” son la “ineficiencia de los mecanismos de control”, las “faltas de normas de control” y la “existencia de presiones de funcionarios”. El mismo informe resume: “En el caso de la autoridad política, se ha utilizado el legítimo abono para obviar procesos licitatorios y continuar con contratos que fueron originalmente otorgados de acuerdo a criterios políticos”.