El concejal Carlos Roberto denunció a Jorge Macri

Concejal Carlos Roberto.

Denuncian que el intendente Jorge Macri alquiló un predio para la Secretaría de Seguridad que es propiedad de la familia del subsecretario de Desarrollo Económico Bernardo Fernández mediante contratación directa.

En la sesión del Concejo Deliberante de Vicente López se trató el pedido de informes presentado por los Concejales Carlos Roberto (Partido Socialista) y Norberto Antelo (GEN), relacionado con el contrato de alquiler firmado por el Municipio y las obras que se están realizando en el predio de la calle Acassuso 3780 de la localidad de Olivos, en la nueva sede de la Secretaría de Seguridad y del Centro de Monitoreo.

Dicen los concejales que el Municipio firmó un contrato de alquiler por 32 meses con la firma DESARROLLOS DEL NORTE S.A. por un monto de $ 3.562.430 a partir del 15/04/2013 por contratación directa, que no ha sido homologado por el Concejo Deliberante, que no pudo acceder al contrato ni conocer si la citada Empresa es su propietario, dado que la misma tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires

También se solicita informe “sobre la obra a desarrollarse en el mismo predio por un monto de $ 4.368.969 contratada a través de un Concurso de Precios cuando la Ley vigente exige el llamado a Licitación Pública, fundamentando tal decisión en razones de urgencia, sin documentar dicha urgencia, pidiéndose si el Tribunal de Cuentas ha autorizado el procedimiento utilizado”.

Durante el debate, el concejal Carlos Roberto denunció que la empresa DESARROLLOS DEL NORTE SA es de propiedad de Gustavo Fernández, hermano del Subsecretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Vicente López, Bernardo Fernández, designado por el Intendente Jorge Macri en Junio de 2012, y que en la misma manzana en la calle Bellocq 3357 se encuentra la firma PARK NORTE S.A.,  propiedad del Subsecretario Bernardo Fernández, desarrollando la misma actividad y que el informe comercial obtenido sobre dichas Empresas, dice que fueron constituidas en el año 2007, en la misma escribanía y se encuentra conectadas por los vínculos familiares, en domicilios que coinciden y que los predios han sido adquiridos a la firma American Plast y que el edificio es conocido como Olivos Center donde siempre se ha conocido en el barrio que las propiedades estaban ligadas al Sr. Bernardo Fernández

El concejal Roberto asegura que la situación podría estar encuadrada en violar normas legales y encuadrada en acciones incompatibles con la función pública y violatoria de los principios de ética pública que el Intendente quiere demostrar como el eje de su gestión

También se ha advirtió que se profundizarán las investigaciones administrativas y judiciales para determinar la responsabilidad del funcionario en estas acciones violatorias de la ética pública.

La información forma parte del documento presentado el 3 de octubre por Carlos Roberto, presidente del  Bloque de concejales del Partido Socialista-FAP de Vicente López

Persecución política en Vicente López y San Fernando

Jóvenes militantes del Frente para la Victoria denuncian amenazas por funcionarios municipales del Macrismo - Massismo

Los militantes en Vicente López denuncian que cuando se encontraban realizando una mesa de difusión en la esquina de Maipú y Corrientes, desde una patrulla municipal que se encontraba detenida, uno de los funcionarios municipales uniformados, integrante de “Los guardianes de la calle”, agredió a una militante de la agrupación política ´La Cámpora´. Eso fue el sábado 28 de septiembre,

“Ya te voy a encontrar en la calle sola”, “los vamos a ir a buscar”, “puta de mierda”, fueron algunas de las amenazas proferidas por el funcionario. Cuando la joven de 19 años, asustada, hizo referencia al abuso de poder por parte del municipal, éste profundizó sus agresiones.

Al advertir el hecho, otros vecinos y militantes se acercaron a preguntar qué era lo que sucedía. El “Guardián” bajó del auto, empujando con la puerta a otro militante de 19 años que se había acercado y, pechándolo, continuó con los insultos. Frente a la acumulación de gente, el hombre se subió a la patrulla y se alejó del lugar.

Según declararon “el 0800 disponible para hacer  denuncias,  a través del cual la municipalidad brinda supuestos servicios para combatir la inseguridad, no contestó las llamadas realizadas por los vecinos en el momento de la agresión”.

No es la primera vez que los militantes del Frente para la Victoria Vicente López se encuentran con éstas prácticas. Denuncian también que el pasado 21 de septiembre, debieron suspender una jornada de festejo por el día de la primavera que iba a contar con la actuación de los hermanos Carabajal, debido a las amenazas.

Al día siguiente los militantes del FpV se acercaron a realizar su actividad dominical, que llevan a cabo hace más de un año en la costa, en la cual realizan actividades culturales y de limpieza de la ribera, y allí, “se encontraron con que la policía municipal los estaba esperando con más de seis patrulleros municipales y policiales; camionetas de defensa civil; funcionarios; y tres autos particulares con civiles que actuaron como fuerza de provocación, a través de insultos y gestos físicos… Mientras tanto, en Melo y Libertador el semáforo estaba fuera de servicio y no había nadie controlando el tránsito”.

San Fernando

Militantes del FPV San Fernando denuncian que fueron agredidos y detenidos por “Prevención comunitaria municipal”

Un grupo conformado por tres  jóvenes militantes del Frente para la Victoria de San Fernando, fueron intimados y apremiados, y luego detenidos sin motivo por móviles de “Prevención comunitaria” pertenecientes al municipio  conducido por el Intendente de San Fernando, e integrante del Frente Renovador, Luis Andreotti.

Los militantes se encontraban realizando pintadas partidarias de cara a las próximas elecciones legislativas del 27 de octubre, en un paredón que habitualmente contiene pintadas políticas de distintos partidos, situado en la intersección de las calles 25 de Mayo y Alem, partido de San Fernando; sin violar ninguna normativa o disposición de la Ley Nacional Electoral.

Ante esto se acerca al lugar el candidato a concejal del distrito por el Frente Para la Victoria, Lic. Ignacio Álvarez, quien es a su vez responsable de la Corriente de Liberación Nacional KOLINA en San Fernando, y fue maltratado, empujado y esposado sin justificación alguna.

Los militantes repudiaron “los hechos de  arbitrariedad y patoterismo que sufren los militantes políticos y los vecinos del  distrito”.

“Es lamentable que desde la gestión municipal demuestren estar más preocupados por impedir la propaganda política, que por cuidar la seguridad de los sanfernandinos y exigimos que esta situación completamente arbitraria e injustificada se revierta a la brevedad”, afirmaron desde el Frente Para La Victoria San Fernando.

“Nos encontramos con chicas que trabajan sangrando o baleadas”

"Nos encontramos con chicas que trabajan sangrando o baleadas" dijo el referente de la juventud de Putos Peronistas, Nicolás Arellano, cuando se refirió a la discriminación, la persecución y la violencia por parte de la Policía bonaerense que viven a diario las trans que ejercen la prostitución en esa zona. “Además, el abandono estatal que es el que nosotros denunciamos, que tiene que ver con un gobierno municipal que estuvo 12 años ausente”, agregó.

“Hace más o menos un mes que estamos haciendo recorridas semanales por la Ruta 8 y Márquez. Por la zona hay un foco de prostitución de mujeres y también travestis que nosotros estamos evaluando. Hemos visto un extremo abandono estatal y una fuerte represión policial. Nos encontramos con chicas que trabajan sangrando o baleadas. Sangrando porque se tienen que tirar de los autos en movimiento porque no les quieren pagar los servicios y baleadas por la policía que les pide coimas, las hacen trabajar para después quedarse con un porcentaje y además de eso las detienen sin fundamentos porque no se puede detener a alguien por ser travesti o trabajar de prostituta. Además, el abandono estatal que es el que nosotros denunciamos, que tienen que ver con un gobierno municipal que estuvo 12 años ausente. Ahora, hay como una señal de apertura respecto al nuevo intendente, pero también es el estado municipal, provincial y nacional que no se está haciendo cargo de esta situación. El viernes pasado, por ejemplo, nos encontramos con la situación de una travesti que vive con HIV hace diez años, nunca recibió medicación y está totalmente consumida, este es el estado en el que están. Trabajan todos los días, todas las noches, ganando la poca plata que pueden y sobreviviendo.”

“Se cree que entre esta semana y la otra nos va a recibir el intendente, quien nos manifestó personalmente que quiere tener runa reunión con nosotros. Mientras tanto estamos congeniando con las diversas áreas del municipio para poder empezar a trabajar. Sin duda hay una voluntad del intendente de tratar esta problemática después de 12 años de abandono.”

Fuente: LaNoticiaWeb

Lorenzino responde a Jorge Macri: “Toda las cosas que denuncia Macri pasan en la ciudad que gobierna el primo”

El candidato a diputado provincial, Guido Lorenzino, respondió al postulante a Intendente por el PRO de Vicente López, Jorge Macri, quién había denunciado una supuesta escalada de violencia contra sus militantes desatada por el kirchnerismo.
“Todas las cosas que denuncia Macri pasan en la ciudad que gobierna el primo”, disparó uno de los máximos referentes del justicialismo de Vicente López.
Lorenzino recordó que hace una semana un local de la Juventud Peronista fue agredido por militantes del PRO: “El peronismo padeció las bandas de matones que trae el Pro de otros distritos y ningún militante peronista respondió con violencia. Es curioso que el macrismo busque victimizarse cuando son los únicos que están violentando la campaña”, afirmó.
Por otra parte, Lorenzino destacó: “el PRO busca mediatizar la campaña con este tipo de operaciones porque saben que están perdiendo y eso los pone muy nerviosos”, explicó el diputado provincial y aconsejó al primo de Mauricio que dejé de “pasear por el distrito donde vive, que es San Fernando, y por la ciudad de Buenos Aires buscando ensuciar la campaña y le explique a los vecinos de Vicente López cual es su verdadero proyecto para el municipio”, finalizó.

Denuncian una supuesta conexión ilegal

Carlos Arena, concejal de Vicente López por Unión Celeste y Blanco, presentó un proyecto de resolución en el cual solicita que se verifique una supuesta conexión ilegal que habría realizado la empresa AYSA en la intersección de las calles Av. San Martín y Juan B. Justo en la localidad de Florida.

Dicho proyecto responde a los múltiples reclamos de los vecinos que residen en las cercanías de las calles mencionadas, ya que sufren las consecuencias de continuos desbordes cloacales en la vía pública.

Esta supuesta conexión ilegal deriva el ramal cloacal a la cañería de desagüe pluvial que desemboca en el Río de la Plata, vertiendo de esta forma materia fecal que contamina directamente el río y la costa de Vicente López.

Una de las consecuencias de lo expuesto es la constante expulsión de olores nauseabundos de las bocas de tormenta y cámaras de registro de la zona.

Dicho proyecto también menciona la construcción de un edificio a escasos metros del lugar en donde se encontraría la conexión ilegal, este hecho agravaría más aún la situación de la zona afectada que, paradójicamente, se encuentra en las cercanías de la Delegación Municipal Florida central.

El concejal Arena destaca en dicho proyecto que la Constitución Nacional garantiza a todos los habitantes el derecho a un ambiento sano y limpio. Asimismo recuerda que es obligación del Departamento Ejecutivo verificar y controlar todo lo concerniente a la contaminación del medio ambiente en el ámbito distrital.

Solicitan informes ante la denuncia de los vecinos de 2 plantas industriales en Munro

El concejal Carlos Roberto junto con el Interbloque del Acuerdo Cívico y Social de Vicente López, presentaron 2 pedidos de informes sobre el funcionamiento de 2 plantas industriales de la firma Alimentos Modernos SA y Coolmind SA, pertenecientes ambas a la marca Farmfrites, productora de papas fritas congeladas ubicadas en la Av. Fleming 2238 y Colombres 2240 de la localidad de Munro, que han generado serios inconvenientes a los vecinos linderos en los últimos años y que han motivado reuniones de los vecinos con la Defensoría del Pueblo, concejales y funcionarios del Ejecutivo.

Informan los vecinos que en la firma Alimentos Modernos SA, cuya habilitación en el rubro Industria Alimenticia, ante las denuncias de los vecinos reiteradas en los últimos años, motivó reuniones en el mes de diciembre pasado y durante el mes de enero del corriente año, en el que el Municipio le otorgó plazos para dar cumplimiento a los requerimientos de los vecinos, entre ellos los camiones estacionados en la vía pública, los líquidos que salían de la planta y la limpieza de los residuos producidos, muchos de los cuales no han sido solucionados.

Ante la continuación de dichos inconvenientes los vecinos denunciaron ante el OPDS, organismo provincial responsable del control de las industrias de categoría III, quienes inspeccionaron la planta el pasado 23 de febrero, detectaron serias irregularidades entre ellas la incorrecto utilización del amoniaco, la falta de limpieza respecto de los residuos de papas en la línea de producción y otras irregularidades lo que motivó se dispusiera la clausura del establecimiento, y posteriormente el organismo levantó en forma parcial la clausura de la misma, otorgándole plazos para la solución de las anormalidades detectadas.

Los concejales, por su parte, también preguntan si la actividad actual que en el año 2008 aumentó a 70.000 toneladas anuales, está de acuerdo a la habilitación con la que cuenta y si cuenta con el certificado de aptitud ambiental exigido por la legislación provincial, y por tratarse de categoría III, si la Zona se trata de industrial mixta, que no permite categoría III, o si se trata de zona industrial exclusiva, que si lo permite.

El otro proyecto está relacionado con la firma Coolmind SA ubicado en la calle Colombres 2240 de la localidad de Munro, cuyo predio además tiene salidas a las calles Villate y Matheu, propiedad también de Fabio Calcaterra, que se encuentra en funcionamiento desde el año 2010. Los vecinos denuncian la construcción realizada con una altura autorizada de 18,60 m, quienes debían dejar libre de construcción un predio sobre la calle Villate y más de 600 metros cuadrados en el predio con salida a la calle Matheu.

Ante la denuncia de los vecinos se detectó que la construcción realizada no está de acuerdo a los planos aprobados, lo que motivó que dicho establecimiento no cuenta con habilitación pidiendo los concejales se adapte lo construido al plan aprobado y mientras tanto suspendan la actividad comercial por no contar con habilitación municipal.

“El mega emprendimiento costero de Vicente López del empresario De Narváez no cuenta con la infraestructura”

El concejal del partido socialista Carlos Roberto, Concejal, dio a conocer una declaración sobre el tema

“El emprendimiento que el empresario Carlos De Narváez está construyendo en Vicente López entre Avda. del Libertador y el Río significa una destrucción de la ciudad, porque privilegia la construcción de 3 torres de 79 metros de altura, la realización de un mega shopping, un estadio para 12.000 personas y un hotel sobre la costa.

Dicho emprendimiento fue aprobado en la madrugada del 24/12/2004, en la sesión más escandalosa de la historia después de la recuperación de la democracia, por 20 concejales entre oficialistas y cooptados, significando además -tal como lo muestran los planos de dicho proyecto- el inicio del Proyecto del Vial Costero, que tiene como fundamento dicho emprendimiento para justificar su construcción.

También en la sesión del 1/12/2005 se aprobó la realización del Intercambiador Centenario en la intersección de Laprida y Avda. del Libertador para garantizarle al inversor el acceso al emprendimiento, siendo parte del canje entre el inversor y el Municipio para autorizar la obra, pretendiendo el Intendente que Vialidad Nacional se hiciera cargo de la obra, lo que después de una denuncia judicial fue desestimado, estando hoy su construcción en manos del empresario.

Además, en los años 2006 y 2007 se modificaron las normas urbanísticas para permitir la construcción de torres en Avda. del Libertador y otorgándole además otra excepción al emprendimiento para permitir su mega construcción.

En el año 2009 se autorizó por la mayoría automática del Intendente la construcción de las torres de 79 metros y la concesión en forma directa sin licitación de 7 hectáreas por 40 años a un valor de $ 20 el m2, debiendo abonar el canon recién a partir de agosto del 2001, después de 2 años de haber tomado posesión del mismo.

Este procedimiento escandaloso, que el Intendente y sus concejales han impulsado y avalado, se realiza con el apoyo del Gobierno Nacional y Provincial, sin haber previsto las obras de infraestructura y en especial el conducto cloacal que no se encuentra incluido en el plan de obras de AYSA.

Denunciamos que la realización de dichas obras no se encuentra garantizada ni por la Nación ni por la Provincia, como así tampoco la conexión del Vial Costero a las avenidas de la Ciudad de Bs. As. que pueda permitir el acceso vehicular.

El Concejo Deliberante de Vicente López aprobó en la sesión del día 16/12/2010 un pedido de informes que presentamos, en el que requerimos la información necesaria relacionada con la infraestructura de agua, cloacas, gas y electricidad. "

Olivos, 12 de enero de 2011

Carlos Roberto
Concejal
Partido Socialista
Vicente López

Los concejales del Gen PS Vicente López dicen que un Instituto no tiene habilitación y viola la ley

“La inauguración de las instalaciones del Instituto Educativo Argentino en la calle Laprida 1245/49 de Vicente López, constituye un hecho gravísimo en nuestro comunidad, donde los intereses económicos muestran su brutal violación a las normas municipales, y es más grave aun la participación de las autoridades municipales y provinciales”, eso por lo menos aseguran los concejales opositores.

“El edificio donde funciona hace más de 2 años en forma ilegal –relatan-, fue construido por su anterior propietario violando las normas municipales construyendo un edificio en zona residencial R1, pretendiendo autorizar una escuela en una zona donde no se pueden construir nuevos establecimientos educativos, lo que motivó denuncias de vecinos durante más de 10 años.”

En el comunicado enviado a la prensa los concejales señalan: “En el año 1996 se intentó aprobar los planos en forma irregular, los vecinos denunciando la irregular construcción desde 1998, rechazando el Concejo Deliberante en varias oportunidades la aprobación de los planos por vía de excepción y la habilitación de la actividad comercial por la misma, decidiendo finalmente su rechazo afirmando que nunca había tenido habilitación municipal como institución educativa.”
“Posteriormente, ante el permanente reclamo de los vecinos en el Concejo Deliberante y el Ejecutivo Municipal, el Intendente Municipal dictó el Decreto Nro. 4.749 del 12/12/2006, disponiendo la demolición del último piso, después de haber desconocido todas y cada una de las intimaciones municipales, la cual nunca fue cumplida, lo cual demuestra cierta complicidad de algunos funcionarios municipales
“El instituto IEA adquirió el predio alegando una buena fe, que obviamente es falsa, pretendiendo incluir la obra en la amnistía, lo cual no está permitido, y utilizando toda clase de artilugios legales, pretende habilitar el emprendimiento comercial de Instituto de Gastronomía presentando planos viejos.
“Advertidos de esta burda maniobra presentamos una Resolución que fuera aprobada el 19/08/08 por unanimidad para que se cumpliera la demolición, se rechaza la posibilidad de la amnistía y se le negara la habilitación municipal.
“Intentaron durante 18 meses obtener la aprobación municipal, presionando a los concejales y debiendo a principios del año 2010 presentar la habilitación de la excepción en el Concejo Deliberante, sin aprobar los planos reales de construcción, presentando firmas de vecinos no verdaderas, aduciendo que habían demolido el último piso, lo que se comprobó su falsedad, lo que motivó que el Concejo rechazara dicho pedido
“La inauguración que se pretende realizar demuestra su rechazo a las normas legales, y que la impunidad puede permitir realizar actividades comerciales violando la ley y desconociendo ele derecho de los vecinos”, concluyen.

Las mentiras de Clarín y La Nación y el fallo del Fiscal General Ricardo Molinas

Dijo Ricardo Molinas, a cargo de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas: "la vida de Papel Prensa no por corta ha dejado de ser azarosa y plena de vicisitudes lo cual la ha convertido para la opinión pública en una etapa con nombre propio de la historia argentina reciente (...) Sin olvidar las constantes reclamaciones de los otros periódicos por presuntos privilegios conferidos a la empresa por el Estado Nacional, Papel Prensa ha sido motivo de duras y públicas polémicas y de intricados y, por momentos, abstrusos trámites judiciales y administrativos."

Algunas de las observaciones: "El precio (pagado por las acciones de Papel Prensa) fue objetado por bajo en el juicio sucesorio por el representante del Ministerio Público lo que motivó que diez años después de la venta no estuviese aún aprobada por la oposición de quien tutelaba los intereses de la hija menor de David Graiver (...) La Junta de Comandantes sin hacer ninguna referencia a estos hechos y sin realizar ninguna acción tendiente a desbaratar el negocio realizado por los Graiver y Montoneros, trató y aprobó la transferencia del paquete accionario (a los tres diarios) sin denunciar las irregularidades comprobadas:” (…) "queda claramente demostrado que la conducta del Presidente de la República de facto (Videla) implicó un grave abuso de autoridad al autorizar la prórroga del contrato sin que se diesen los extremos que el contrato fijaba como necesarios."
"El resto de los periódicos individualmente o agrupados de las distintas entidades representativas como la Asociación de Entidades Periodísticas (ADEPA), la Asociación de Diarios del Interior (ADIRA), la Asociación de Diarios Entrerrianos (ADDE), la Asociación de Prensa Técnica Argentina (APTA) sostenía públicamente que las medidas protectoras de la producción de Papel Prensa en especial las Aduaneras resultaban manifiestamente inconstitucionales por atentar contra la libertad de industria y comercio y la libertad de prensa y, además, creaban un monopolio papelero en manos de los tres diarios que constituían la competencia."

Dictaminó Molinas: "(que) el Poder Ejecutivo adopte los recaudos tendientes a declarar la nulidad, al menos parcial de los convenios y evitar los perjuicios que puedan acarrear al erario público" y denunció a Videla por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad, administración fraudulenta y a Massera y Agosti por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y encubrimiento y a Martínez de Hoz por incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta.

El 12 de abril de 1989 el juez Néstor Blondi resolvió declarar la causa "extinguida por prescripción de la acción (penal)". Y un año después, Jorge Pinzón, el fiscal que reemplazó a Molinas, ordeno archivar sin más trámite".

¿Quién gobierna a la Argentina? ¿Las autoridades electas o los grupos empresarios de poder real?

Papel Prensa: El interventor judicial ordenó suspender el pago de haberes del gerente general

El interventor coadministrador en Papel Prensa, Martín Arecha, ordenó suspender el pago de haberes del gerente general, Jorge Noseda, y de otros ejecutivos en esa papelera, por considerar "exagerado" sus montos.

(Télam) - Según pudo saber Télam, Arecha tomó esta medida, cuyos alcances interiorizó esta misma tarde al secretario de Comercio Guillermo Moreno, "hasta analizar" la situación.

El titular de la Sindicatura General de la Nación, Daniel Reposo, se había mostrado "sorprendido" por el nivel salarial de los gerentes de Papel Prensa, tras confirmar que el gerente general Noceda, percibe un salario de "135.800 pesos mensuales".

"El gerente de Compras cobra 71 mil pesos. Los sueldos de los gerentes arrancan en 44 mil pesos hasta llegar a los casi 136 mil que percibe el gerente general", indicó Reposo.

"Nosotros hicimos un estudio comparativo y no hay empresa en el mercado con una facturación similar que tenga estos sueldos", manifestó Reposo, quien precisó que la facturación anual de Papel Prensa se ubica en torno de los 350 millones de pesos.

Además, trabajadores de Papel Prensa manifestaron su "malestar e indignación" por el nivel salarial de los gerentes en una empresa "que no produce al ciento por ciento de sus posibilidades".

El juez Eduardo Malde, a cargo del Juzgado Comercial 20, había designado interventor coadministrador en Papel Prensa a Arecha, ante las irregularidades en el funcionamiento del Directorio de esa firma denunciadas por el Estado.

Publicado por El Noticialista

Presentación de la Coalición Cívica de San Fernando al Tribunal de Cuentas

El bloque de concejales de la Coalición Cívica hará una presentación al Tribunal de Cuentas bonaerense donde informará que, de acuerdo con su visión, la comuna valuó con importes irrisorios varias cuentas del presupuesto para 2010 y presentó facturas de gastos por servicios que no se realizaron efectivamente en la rendición del ejercicio 2009. Ambos expedientes fueron aprobaron en su momento por el Deliberativo. Desde la comuna desestimaron las denuncias: "son sólo para obtener rédito político".

En un comunicado de prensa el bloque de concejales de la Coalición Cívica de San Fernando (CC) informó que hará una presentación al Tribunal de Cuentas bonaerense donde cuestionará la existencia de cuentas con valores irrisorios en el Presupuesto 2010 y facturas de gastos que no se realizaron en la rendición de cuentas 2009.

Ambos expedientes, el de rendición de cuentas y el de presupuesto, fueron aprobados, en su momento, por el Deliberativo, donde el oficialismo que responde al intendente justicialista, Osvaldo Amieiro, actualmente alineado con el kirchnerismo, tiene amplia mayoría.

El concejal Carlos Tinant (CC) explicó que en el presupuesto hay cuentas con valores que no corresponden a los usuales y citó como ejemplo, una imputación en el rubro Edificios e Instalaciones que valúa un Inmueble en 10 pesos, u otros rubros donde se valúa un retroproyector a 1 peso, o un camión a 1000 pesos.

Para Tínant este tipo de valuación es un subterfugio contable para mantener abiertas cuentas y evitar con esto que el Deliberativo discuta la viabilidad del gasto por el valor real cuando deba efectuarse, pues de acuerdo con la legislación vigente, cualquier nueva cuenta debe ser analizada y aprobada por el Deliberativo.

El edil, contador público de profesión, también verificó la existencia de rendiciones de facturas por servicios que no se habrían cumplido, en rubros como publicidad y otros servicios, y citó el ejemplo de la facturación de una empresa, SCP Segurity, por el servicio de placero y sereno por 27.000 pesos mensuales, durante todo el año.

Tinant informó que los servicios debían cumplirse en las plazas Mitre (centro) y Dorrego (Victoria), en el Parque del Bicentenario (al oeste por Ruta 202) y en el Juzgado de Faltas (Virreyes). “¿Alguien vio alguna vez un sereno, o un placero, en la plaza Mitre?” se preguntó con cierto estupor Tinant.

El edil también informó que en plaza Dorrego y en el parque del Bicentenario hay garitas, pero cerradas con candado desde afuera. Prensa Libre trató de contactar telefónicamente a la firma para consultarla, pero el teléfono que figura como de la empresa, el 4725-4711 “no corresponde a un cliente en servicio” según Telecom.

Tinant también cuestionó que SCP Segurity “no figura inscripta en el registro provincial donde de acuerdo con la Ley 12297 deben registrarse las empresas de seguridad privada, que además deben tener como objeto únicamente el de seguridad”. Para el edil esto último tampoco lo cumple SCP al ofrecer placeros además de serenos.

Tinant informó que, de acuerdo con el nomenclador de la ley de seguridad provincial, el servicio que presta un sereno se corresponde con el de un vigilador “Este concurso de precios es irregular –calificó el edil de la CC- y nunca se debió haber pagado” evaluó luego.

La otra versión

Desde la comuna desestimaron de plano las objeciones del bloque de la CC. Sin embargo cada área involucrada –Planificación, por las cuentas del presupuesto y Gobierno, por la contratación de SCP Segurity- empleo una estrategia diferente para refutar los cuestionamientos.

Una fuente de alto nivel del área de Planificación indicó que no se harían declaraciones oficiales sobre el tema “para restarle entidad” a lo que caracterizó como una denuncia para obtener “rédito político”, en tanto “el Tribunal nos controla de por sí cada ejercicio y el Concejo Deliberante aprobó todo”.

No obstante, la fuente explicó que el mantener habilitadas las cuentas con “valores simbólicos” es una practica común el la administración pública, que evita que se politice la aprobación de una gasto en el Concejo; y elude la burocracia que implica gestionar tal aprobación. Luego aseguró que “no hay ilegalidad” en esa práctica.

Sobre la contratación de SCP Segurity, el titular de gobierno, Víctor Ingrassia, aseguró que la firma no es de seguridad y el que lleva es un nombre de fantasía. El funcionario aseguró también que el servicio de placero y sereno se cumplen “con normalidad” y existe “un control institucional” para observar que se cumpla.

Ingrassia dijo, además, que la comuna “no tiene en su plantel gente armada ni de seguridad” y que “el sereno no es un vigilador”. El funcionario también aseveró que las denuncias de la CC apuntan a obtener rédito político y las calificó lisa y llanamente como “mentiras”.

Tinant, por su parte, informó que “a más tardar antes de julio”, su bloque terminará el informe con las objeciones y lo presentará al Tribunal de Cuentas bonaerense para que lo tenga en cuenta en sus controles. “Sabemos que el Tribunal es del mismo color político del intendente pero correspondía hacer las objeciones”, dijo.

"Firmá o te mato": La viuda de Graiver contó cómo Clarín y La Nación se apropiaron de Papel Prensa

Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, relató en una asamblea de accionistas de Papel Prensa S.A. los tormentos físicos y psíquicos a los que fue sometida, mientras estuvo secuestrada, para que traspasara a La Nación, Clarín y La Razón las acciones de la empresa que había pertenecido a su marido. Dijo que Ramón Camps y Miguel Etchecolatz asistieron a las sesiones de tortura y que sus secuestradores la llevaron en reiteradas ocasiones al edificio del diario La Nación para que se entrevistara con el entonces director de ese matutino, Bartolomé Mitre, y el actual CEO de Clarín, Héctor Magnetto. El testimonio de Lidia Papaleo compromete a estos dos y a otros directivos de ambos medios como partícipes de delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado.

José Pirillo, ex propietario del diario La Razón, expuso el jueves pasado ante accionistas del directorio de Papel Prensa, convocado por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Sin medias tintas, reveló las diversas maniobras irregulares realizadas en beneficio propio por los accionistas mayoritarios, Clarín, La Nación y La Razón. En su testimonio, también se refirió al acuerdo entre los tres diarios para no publicar nada contra la dictadura militar y a la intervención de Héctor Magnetto ante Jorge Videla, para facilitarle la “obtención de dos niños” a Ernestina Herrera de Noble.

José Pirillo: –La primera vez que vine a Papel Prensa fue el 3 de abril de 1985. Compré las acciones de La Razón el 29 de marzo de 1985. Fui informado por Patricio Peralta Ramos de los mecanismos que se habían utilizado para la supuesta compra de acciones. Le manifesté que yo no encontraba en la contabilidad de La Razón los aportes efectuados por este diario. Me contestó que no los iba a encontrar porque realmente no se habían hecho, sino que los aportes que debían hacer los tres diarios a Papel Prensa se habían efectuado vía retornos que pagaban las empresas constructoras de la planta de Papel Prensa. Dentro de los acuerdos previos que existían, me dijeron que uno era que los tres diarios no iban a publicar nada que atentase contra la Junta Militar. Fue en ese momento que le manifesté al señor (Héctor) Magnetto que yo le reconocía el carácter de gerente general, pero que existía un convenio de sindicación de acciones de los dueños de los tres medios y que, por consiguiente, le solicitaba la presencia o quería hablar con la señora Ernestina de Noble. Magnetto montó en cólera por mi postura y me dijo que él tenía suficiente poder como para representar a la señora de Noble porque era el albacea de los hijos de la señora de Noble y además él se los había gestionado ante Videla.

Guillermo Moreno: –Eso no quedó claro. ¿Qué?

Pirillo: –Que le había gestionado ante el general Videla la obtención de dos chicos, que no sé si son Marcela y Felipe, pero era lo que expuso en su momento. Los otros enfrentamientos que tuvimos en mi transcurso acá en Papel Prensa fue justamente por la apropiación que estaban haciendo los tres diarios en forma ilegal de los bienes de la empresa vía manipular el precio de venta a los tres diarios. Cuando se informa que se le vendía papel a 100 diarios, les quiero aclarar que la cantidad era irrisoria porque sumaban 350 toneladas mensuales, de casi 13.000 que se producían, de las cuales 8.500 se llevaba Clarín, 2.500 se llevaba La Nación, apenas 1.000 La Razón y el resto –unas 300 toneladas–, se les daba a ese número de diarios. Al ver lo exiguo de la cantidad, me pareció que era una burla en la memoria del balance decir que se proveía de papel de diario a 90 diarios del país. Tenían que haber puesto que eran dos o tres toneladas cada uno, porque ni Ámbito Financiero ni Crónica ni otros diarios recibían, salvo La Prensa, que recibía papel de la firma al mismo valor.La diferencia de precio que había en ese momento, nosotros pagábamos el papel a 320 pesos la tonelada. A raíz de una consulta que me hacen desde el gobierno de (Raúl) Alfonsín sobre cómo se resolvía este problema, le dije que era muy sencillo: era elevar el papel de Papel Prensa al mismo nivel que tenía Papel de Tucumán, con lo cual todos los medios iban a tener igualdad de precio. Así lo hizo García Vázquez. Concurrió a la Secretaría de Comercio, logró la resolución de 590 pesos la tonelada, o sea 30 pesos más barato que lo que era Papel de Tucumán; vino acá al directorio e impuso un precio arbitrario de 420 pesos, no 590, con lo cual Clarín, con el valor de 3,20 pesos tenía un diferencial mensual de 2.400.000 dólares porque era el mayor cliente que retiraba papel a ese precio.Mis discusiones con Magnetto vinieron justamente por ese tema. Yo sostenía que como cada diario tenía, y de acuerdo al convenio de sindicación, el 33% del poder, le correspondía el 33%de la producción de papel, y después que decidiera cada diario qué hacer con ese papel, si vendérselo a uno de los sindicados o venderlo libremente en el mercado. Pero lo cierto era que Clarín se llevaba más de 8.500 toneladas de papel. Ésa es la síntesis de lo que pasó en Papel Prensa. Yo fui despojado de mi diario por una maniobra que se hizo, porque en mayo del año 1987, después de haber hecho la ruptura de la affectio societatis con las dos empresas sindicadas acá en Papel Prensa y con el Estado Nacional, decidí publicar la historia de la familia Graiver, toda la historia que me habían contado de la entrega de los hijos de la señora Ernestina de Noble. El resultado fue que el 27 de abril de 1987 fui desapoderado del diario por un juez, que posteriormente vendió las acciones de Papel Prensa, cosa que no podía hacer. Le vendió a Clarín y La Nación, en un precio vil de 6 millones de dólares por el 13% del paquete accionario. Yo invitaría a que se fijen en qué monto contabilizaron los dos diarios la compra de ese 13%, y van a ver que hay una diferencia de más de 450%.

Extractado del diario Miradas al Sur del domingo 23 de mayo de 2010.

En nombre de Francisco de Narváez Arena presentó una denuncia penal

El titular del Bloque de Concejales de Unión Celeste y Blanco, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Nº 1 de Florida Oeste, a cargo de la fiscal Dra. Molinelli, contra un grupo de personas que están solicitando fotocopias de DNI y en algunos casos retienen documentos originales en nombre de Francisco de Narváez y su partido político. El destino de estos pedidos según le manifestaran estas personas a los damnificados, es el armado de falsas cooperativas de trabajo para ser incluidos en el plan “Argentina Trabaja”.

Este grupo de personas no solo actúan de esta manera en Vicente López sino también como se refiere en la denuncia: “…no serían aislados sino que se estarían llevando a cabo asimismo en Malvinas Argentinas y en distritos del sur del conurbano como Quilmes y Florencio Varela...”

Consultado el edil Arena con respecto a esta situación refiere: “estas personas abusan de la necesidad de los vecinos, engañándolos mintiéndoles con promesas falsas de que obtendrán un trabajo y una remuneración mensual de $ 1.200 la que nunca llegará ya que el municipio de Vicente López NO HA SUSCRIPTO con la Nación el respectivo convenio para que dicho plan se implemente en Vicente López, hecho que seguramente desconocen. En la denuncia doy fe de ello, además de por los motivos descriptos, por ser el referente y Presidente de su Bloque de Concejales en el distrito.”

El patrimonio cultural peligra ante el avance de los barrios privados

(Foto de Laura Zalazar)

La Diputada Provincial Liliana Piani, expresó su apoyo a los vecinos de Tigre, comunidades indígenas y personas preocupadas por la destrucción del patrimonio cultural y natural, que se encuentran resistiendo el avance de las topadoras de la empresa EIDICO, en el predio Punta Querandíes, con el objetivo de preservar los restos de un cementerio indígena.

Según señala la legisladora, “desde fines de la década de los 90, los mega emprendimientos inmobiliarios arrasan con todo a su alrededor, sin importar las graves consecuencias que acarrean al medio ambiente, como así también a la preservación del patrimonio cultural, que forma parte de nuestra identidad.”

Se señala especialmente a la empresa EIDICO, responsable del emprendimiento “Villa Nueva”, que comprende un área de aproximadamente 850ha, e incluye 11 barrios náuticos, ubicados en el Delta.

La semana pasada, en el predio “Punta Querandíes” -ubicado al costado del Canal Villanueva entre la calle Brasil y el arroyo Garín, partido de Tigre- se iniciaron las obras de remoción de suelo, que destruyeron toda la flora del lugar. Este predio se encuentra rodeado por los barrios privados Santa Catalina, San Marcos y San Benito (estos dos últimos en construcción) debajo de los cuales han quedado destruidos otros cementerios indígenas, como el de Garín.

Liliana Piani, Vicepresidenta II de la Cámara de Diputados destacó: “la firma cuenta con varias irregularidades en su accionar y continúa con la remoción de suelos, a pesar de existir una serie de iniciativas que buscan detener la obra, además de una causa judicial que llevan adelante algunos vecinos de la zona”.

En este sentido Piani expresó que el año pasado había presentado un pedido de informes al OPDS –sin respuesta- con el objetivo de establecer cuáles habían sido los permisos otorgados por este organismo a la empresa EIDICO para que comience a ejecutar las obras.

Después de pedirle al Estado Nacional no vender las tierras públicas aledañas al Canal Villanueva, con el fin de preservar los sitios arqueológicos y sagrados de los pueblos originarios, señaló: “Es sumamente alarmante que nadie controle el accionar de la empresa EIDICO, ni tampoco la utilización irregular que estos hacen de los predios del Estado” (…) “el gobierno provincial debe actuar eficazmente en la preservación de los sitios arqueológicos y sagrados de los pueblos originarios con el objetivo de revalorizar la cultura de nuestros antepasados".

El canal de Biolcati en la provincia de Buenos Aires

LA ESTANCIA DE HUGO BIOLCATI FUE DENUNCIADA EN 2001 POR TENER UN CANAL CLANDESTINO QUE AFECTABA A SUS VECINOS
La Dorita también ve bajar las aguas turbias
El actual presidente de la Sociedad Rural Argentina tiene una causa abierta por sus propios vecinos, por volcarles aguas a sus campos. Lo taparon y Biolcati volvió a abrirlo.

Ver nota de Alfredo Zaiat

Chamatrópulos contra todos

Una fuerte denuncia, donde involucra a funcionarios y a sus colegas del Concejo Deliberante de San Isidro, hizo pública el concejal Pablo Chamatrópulos en el día de ayer.
Aquí se publica la versión completa:

"EXTRAÑA SESION

En la última sesión del año del Concejo Deliberante de San Isidro (22.12.09) se produjo un curioso suceso sobre el que quisiera reflexionar junto a ustedes.
Creo que más que acertadamente, el concejal Santiago Cafiero pidió la palabra para referirse a las amenazas dirigidas a la presidente de la Nación, Cristina Kirchner, emitidas hacia la radio del helicóptero en el que viajaba en razón de sus funciones. ¿Recuerdan? “Maten a la yegua”… y otras desubicadísimas expresiones por el estilo.
El asunto, complejo por cierto, no refiere solo al disparate verbal, sino mucho más que eso, a la actitud agresiva ejercida desde algunos “pliegues del poder” sobre funcionarios públicos democráticamente consagrados, es decir, absolutamente legítimos.

Por cierto, nadie podría decir que temas como el abuso de poder o la utilización del poder para fines espurios o de grupo sean novedad en este país.
Es más, a lo largo de las últimas 8 décadas, desde 1930 en adelante, se ha verificado en toda su brutalidad posible y en todas sus formas imaginables.
La Argentina, y su aún joven democracia, han tratado de ir eliminando esas prácticas, pero, está a la vista de todos, todavía no lo han logrado.

¿Por qué no lo ha logrado? Porque muchos argentinos son todavía brutales en el uso del poder. Hablo de políticos, empresarios, periodistas, sacerdotes y ciudadanos comunes. Estén donde estén, en el gobierno o fuera de él, han quedado anclados a la cultura dominante de un tiempo que ya pasó, pero que ha dejado sobre el presente una estela densa y oscura de modos que aún nos condicionan.

En el contexto del tema que acabo de comentar, me pareció oportuno señalar al cuerpo “deliberativo” del municipio lo sucedido con el Subdirector de la Dirección de Publicidad, Raúl Mateos, a quién acabo de acusar penalmente por falsificación de documento público a raíz de la redacción de dos actas de infracción realizadas sobre hechos supuestamente verificados en dos puntos distintos del partido entre uno y otro, aunque reflejados en actas numéricamente consecutivas confeccionadas en la misma fecha y hora.

En síntesis, un caso de abuso de poder, de persecución manifiesta, de amenaza inhibitoria, fundado en que un funcionario de alto rango municipal puede (y de hecho lo hace) realizar todas las actas de infracción municipal que desee (o que se le ordene), desde su escritorio, sin moverse y sin observar que en las mismas cuadras donde se “verificó” esas supuestas infracciones hay otras tantísimas, inclusive municipales, sobre las que “no reparó”.
Pero nunca supuse que una simple enunciación sobre las peores actitudes y prácticas de “los pliegues” del poder municipal fuera a provocar una tremenda ofensa en buena parte de los concejales.

La presidenta del Cuerpo, Rita Kuzis, por ejemplo, intentó levantar la sesión en medio de mi alocución, por el tenor de mis dichos. No lo hizo formalmente, pero invitó a los concejales a irse o a quedarse, indistintamente.

Entonces, varios concejales se me vinieron literalmente encima, con empujones e insultos. El concejal Ricardo Aragona, visiblemente desencajado, me llamó “payaso”. El concejal Raúl Lauzurica, que fue un paso mas allá que Aragona, se abalanzó sobre mi en un claro intento de agresión física.

Sin embargo, mas allá de estas “pequeñeces” reveladoras de cómo podría ser el “repudio” al delito (duro con el ajeno y cómplice con el propio) en el Concejo Deliberante de San Isidro, todavía resuena en mis oídos la frase lanzada por el concejal Jorge Álvarez que me acusó ferozmente de “no respetar las reglas”.

Ahí me di cuenta de que estaba en problemas.
Si las “reglas” a las cuales podría referirse el concejal Jorge Álvarez están escritas, yo he actuado con irresponsabilidad. Obviamente, al asumir como integrante de un cuerpo colegiado, debí tener en cuenta sus “reglas” de funcionamiento. Violarlas sería, sin dudas, una falta de respeto al Cuerpo.
Ahora, si las “reglas” a las que se refiere Álvarez no están escritas, es decir, si fueran una especie de código mafioso convenido entre pocos a fin de parecer éticos hacia afuera pero no permitir la exhibición de los trapos sucios de adentro, entonces estaríamos en otro escenario.

De tal modo, he decidido preguntar públicamente a los restantes 23 miembros del Concejo: ¿Cuáles son las “reglas” a las que se refirió el concejal Jorge Álvarez?
De existir, supongo que todos las conocerán, y lloverán sobre mi escritorio respuestas por escrito de todos los ediles.
De no existir, este Cuerpo está en problemas.

Concretamente, deseo saber si es correcto o incorrecto, si es legal o ilegal, si está permitido o prohibido, que los concejales denuncien en las sesiones del Cuerpo las incorrecciones o hechos delictivos protagonizados por funcionarios de la administración municipal. Por supuesto espero y deseo la respuesta de cada uno de los concejales, que haré conocer a toda la población, anticipando desde ya que si las “reglas escritas” que impiden denunciar los delitos o incorrecciones internas existen, pediré disculpas públicamente y trataré las ilicitudes solo en sede judicial hasta que logre cambiar “esas reglas”.

De paso, sería bueno que opinaran sobre la corrección o incorrección de agredir físicamente y de palabra a un miembro del Cuerpo por parte de otros miembros del Cuerpo, en el propio recinto de sesiones. A mi me parece un disparate.
Pero espero la opinión de ustedes.

En principio, me siento tentado a vincular lo sucedido en nuestra última sesión del año con una situación de amenazas protagonizada poco tiempo antes, en la vía pública, por el concejal Carlos Castellano contra dos militantes de la Agrupación política a la que pertenezco. Que “podríamos tener problemas con muchachos partidarios con poca paciencia”, dijo Castellano, y que después “no se nos ocurriera quejarnos”, concluyó.
¿Será un estilo? Se sabrá rápido.

Dos detalles más. Ningún concejal, ni ningún funcionario municipal me preguntó, ni se ofendió, ni se inquietó, por la actitud del funcionario Raúl Mateos, denunciado penalmente por falsificación de documento público. Desconozco si la Dirección de Personal lo ha llamado, si se ha iniciado algún sumario interno, o qué opinan sus superiores. Si fuera hallado culpable, su suerte no será de las mejores. Y la suerte de sus jefes (al menos los inmediatos), tampoco será buena. Veremos, la justicia dirá.
Ante los Concejales, la “ofensa inadmisible” fue por decirlo. No porque ocurriera el ilícito. Es llamativo.

Por último, quizá sea oportuno recordar que hace algunos años ejercí funciones en éste municipio como “Defensor de los Consumidores”.
Hoy, desde otra función, pretendo hacer lo mismo. Nunca defendía las corporaciones, nunca fui incondicional ni obsecuente de nadie. Nunca necesité del “dedo” de nadie para asegurarme “un carguito”. Y nunca fui un cobarde.
Dicho esto, espero conocer “esas reglas” que según el concejal Jorge Álvarez he violado.
Cordialmente,

Lic. PABLO CHAMATROPULOS
Concejal por San Isidro
Presidente de Agrupación Ciudadana

Denuncia de una concejal: La municipalidad de Vicente López se niega a mostrar sus estados contables

“Por segunda vez en el año, la municipalidad de Vicente López emitió una denegatoria como toda respuesta a un pedido de informe sobre la situación patrimonial del municipio requerido por la Concejal Blanca Díaz (Espacio SI)”, dicen desde la oficina de prensa de la mencionada concejal.

La negativa –explican- está justificada aduciendo que “no se aclara (…) el motivo de la consulta.”
“Estos documentos no son nada especial: son los estados contables que debe realizar y archivar cualquier organización, tanto pública como privada, por obligación legal”, declaró Díaz, contadora pública de profesión. “Es información pública que está archivada, no representa trabajo adicional para el municipio: es mandar a imprimir un par de archivos, nada más.”

La edil ya había realizado un pedido similar en junio de este año, que recibió como única respuesta una nota aclarando que “todas las oficinas que forman parte de este Municipio y, que están registradas en esta Dependencia con bienes inventariables, han presentado su inventario actualizado al 30/12/2006, 30/12/2007 y 30/12/2008”, pero sin adjuntar los documentos públicos solicitados.

“Esto no es un capricho. El acceso a la información pública es un derecho, no una concesión generosa del poder político. No hace falta un interés particular ni un motivo especial para acceder a los documentos del Estado. Esto está legitimado por legislación nacional, provincial y por tratados internacionales”, sostiene Díaz. En efecto, el decreto nacional 1172/03 estableció un reglamento de acceso a la información para la administración pública nacional, reconociendo como antecedentes los artículos 1, 33, 41, 42 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. Éste último otorga jerarquía constitucional al Pacto de San José de Costa Rica, cuyo artículo 13 inciso 1 establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.” También la provincia de Buenos Aires tiene su propia ley de acceso a la información, la 12745.

Frente a las repetidas denegatorias, Díaz piensa insistir. “Ya presentamos un nuevo pedido de informe. No es lógico que el pueblo no pueda saber qué bienes integran el patrimonio público”.

Fiscal general Julio Novo: los cuestionamientos vienen de lejos

La denuncia efectuada por once fiscales del Departamento Judicial de San Isidro ante la Procuración General bonaerense, sobre el maltrato laboral del Fiscal General, Julio Novo, no es sobre un hecho aislado o actual sino que viene de tiempo atrás, sostuvo en un informe la Asociación Judicial Bonaerense Departamental San Isidro (AJB).

La AJB es una entidad gremial que reúne a los trabajadores judiciales con el objetivo de defender sus derechos laborales, las condiciones de trabajo y salud, el salario y un modelo de Justicia inclusivo para toda la comunidad. La institución forma parte de la Federación Judicial Argentina y la Central de Trabajadores de la Argentina.

En su informe, la AJB señaló que lo denunciado por los fiscales “recuerda el Plenario efectuado por la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, del 30 de agosto de 2007” el cual advertía sobre a necesidad de encarar cambios en las condiciones laborales.

Este plenario –que es una reunión conjunta de los magistrados- analizó hace 26 meses una situación de violencia laboral, materializada en amenazas verbales, contra los jueces de garantías, Esteban E. Rossignoli y Ricardo J. Costa, por parte del Fiscal Eduardo Gabriel Rodríguez.

“Las palabras del Fiscal Rodríguez –evaluaron los jueces, por entonces- exponen que no habrá de su parte tolerancia a que lo contradigan: amenaza a todos los jueces con ser considerados favorecedores del delito y la impunidad y por tanto injuriados y maltratados si no le dicen que sí a sus peticiones”.

Esta vez los damnificados por una conducta laboral impropia de quien encabeza el organigrama institucional, son los fiscales. Para la AJB “Es imprescindible” que todos los judiciales tengan “las mismas garantías constitucionales, laborales, administrativas, sindicales, y la independencia, (los fiscales), para llevar adelante un proceso”.

La ABJ recordó que en el plenario de 2007 “el Dr. Raúl Borrino acusaba al Fiscal General, en cuestión, de haber instaurado un sistema antidemocrático de voluntad única o autocrática, todo para amedrentar a jueces y funcionarios que obstruyan una política manodurista y selectiva”.

Luego advierte sobre lo preocupante de que en los procesos que lleva adelante la Justicia, mediante las cuales se toman decisiones trascendentales para la sociedad y sus miembros, se decida el resultado final “por el mero arbitrio de quién detenta el cargo de Fiscal General, cuya función no es esa”.

Por aquel entonces los jueces denunciaron asechanza a delitos de poca monta, supresión de la independencia y de la autonomía personal de los fiscales y casos de amedrentamiento contra quiénes se opusieran a la voluntad de la Fiscalía General y su fuerza de choque.

Siguen las denuncias en Vicente López

“El oficialismo de Vicente López impulsa otro mega negocio inmobiliario en la ex fabrica Ibarra”, dicen los concejales Carlos Roberto y Norberto Antelo del Bloque GEN-PS

En su informe, los ediles que a partir del diez de diciembre formarán parte de un interbloque compuesto por siete conejales de la Concertación Cívica, informan: “El oficialismo que responde al Intendente Enrique García, presentó en la ultima reunión de la Comisión de Obras Públicas un Expediente para una nueva excepción al Código de Ordenamiento Urbano en el predio que ocupara la Empresa Ybarra en la Avda Laprida N° 3175 de la localidad de Villa Martelli.

El predio cuenta con una superficie de 12.883,24 m2, tiene bonificación Industrial 1 (I1) y Comercial 1 (C1) y puede acogerse a la zonificación U13 en Zona Industrial que le permitiría construir PB y 4 pisos con destino a viviendas o oficinas, pudiendo construir 39.000 m2.”
Según denuncian, para “beneficiar al propietario del predio, con posterioridad a la compra, el Presidente de la Comisión de Obras Publicas Concejal José Menoyo, explicó el proyecto presentado por la Empresa Inversora Río Lujan SA, que pretende construir un edificio de Planta Baja y 7 pisos, para la construcción de oficinas y un Hotel de 100 habitaciones, con una construcción de un total de 54.000 m2, lo que implica una excepción de 3 pisos y 15.000 m2 por lo que le permite la norma vigente.”

Destacan que el proyecto no cuenta con Estudio de Impacto Urbanístico ni Ambiental, y ni siquiera de “una evaluación de la Dirección de Tránsito del municipio a pesar del reclamo de varios concejales.”

Los conejales firmantes rechazan la excepción “que significa la posibilidad de construir 3 pisos y 15.000 m2 por sobre lo permitido, significando un beneficio para el inversor de no menos de u$S 30.000.000 y pretendiendo fundamentarlo sobre la base de planteos absurdos, como por ejemplo que el predio tiene acceso a las Autopista Panamericana y la Av. Gral. Paz, lo que claramente no es cierto, ya que se encuentra a mas de 5 cuadras de la Gral. Paz y los accesos de Panamericana se realizarían desde las calles Lavalle y Melo a mas de 600 metros del predio y en una zona altamente conflictiva para el tránsito.”

Por último, aseguran que la insistencia oficialista “solo se puede justificar en los beneficios económicos para el inversor de esta mega excepción y la urgencia de tratarlo antes del 10 de diciembre en el Concejo Deliberante, dado que en esa fecha perderán la mayoría y será muy difícil la aprobación de estos mega negocios inmobiliarios.”

Denuncian agresión a la concejal Blanca Díaz

Una declaración firmada por varios concejales de Vicente López, repudia la agresión denunciada en la sesión del jueves pasado en el concejo deliberante local:

“El día 30 de septiembre pasado la concejal Blanca Díaz (Espacio SI – Vicente López) fue calumniada y agredida verbalmente por el edil oficialista Guillermo Ruiz. Durante la reunión de la Comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante de Vicente López realizada ese día, el Concejal Ruiz, en un estado de excitación violenta, atacó a los gritos a la concejal opositora y acusó a sus empleados de traficar influencias, con el conocimiento de Blanca Díaz. Ante el pedido de aportar nombres y hechos concretos, el concejal oficialista no suministró información.

“Este hecho constituye uno más de los atropellos que el oficialismo produce en el Concejo Deliberante, como única respuesta a los planteos realizados en el debate de las comisiones y en el propio recinto por los concejales opositores.

“Lo grave de la situación producida se inscribe en otros hechos de violencia de género sucedidos en este concejo”, explicó Blanca Díaz. “Existe una situación de total avasallamiento y humillación permanente de aquellos que nos oponemos al oficialismo municipal”.

“Ante la falta de respuesta al reclamo de la edil por la calumnia producida, la concejal Díaz planteó una cuestión de privilegio en la sesión del HCD del día 1º de octubre, amparada en el artículo 60 del reglamento interno del cuerpo. Dicho planteo, que contó con el apoyo de los bloques opositores, siendo rechazada por la mayoría automática que responde al oficialismo en una actitud corporativa que impidió la investigación de los hechos.

“Rechazamos la actitud asumida por el oficialismo y denunciamos que estos hechos claramente tienen como objeto silenciar los planteos de los concejales opositores."

CJAL. NORBERTO ANTELo
CJAL. BLANCA DÍAZ

CJAL. MARÍA MARTA MAENZA

CJAL. CARLOS ROBERTO

CJAL. WALTER ROJAS

CJAL. ALICIA SORIA

BLOQUE SI

BLOQUE GEN-PS

BLOQUE FRENTE GRANDE

AMAC

RMN

AGRUPACIÓN CIVIL PRO-VICENTE LÓPEZ