La denuncia efectuada por once fiscales del Departamento Judicial de San Isidro ante la Procuración General bonaerense, sobre el maltrato laboral del Fiscal General, Julio Novo, no es sobre un hecho aislado o actual sino que viene de tiempo atrás, sostuvo en un informe la Asociación Judicial Bonaerense Departamental San Isidro (AJB).
La AJB es una entidad gremial que reúne a los trabajadores judiciales con el objetivo de defender sus derechos laborales, las condiciones de trabajo y salud, el salario y un modelo de Justicia inclusivo para toda la comunidad. La institución forma parte de la Federación Judicial Argentina y la Central de Trabajadores de la Argentina.
En su informe, la AJB señaló que lo denunciado por los fiscales “recuerda el Plenario efectuado por la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, del 30 de agosto de 2007” el cual advertía sobre a necesidad de encarar cambios en las condiciones laborales.
Este plenario –que es una reunión conjunta de los magistrados- analizó hace 26 meses una situación de violencia laboral, materializada en amenazas verbales, contra los jueces de garantías, Esteban E. Rossignoli y Ricardo J. Costa, por parte del Fiscal Eduardo Gabriel Rodríguez.
“Las palabras del Fiscal Rodríguez –evaluaron los jueces, por entonces- exponen que no habrá de su parte tolerancia a que lo contradigan: amenaza a todos los jueces con ser considerados favorecedores del delito y la impunidad y por tanto injuriados y maltratados si no le dicen que sí a sus peticiones”.
Esta vez los damnificados por una conducta laboral impropia de quien encabeza el organigrama institucional, son los fiscales. Para la AJB “Es imprescindible” que todos los judiciales tengan “las mismas garantías constitucionales, laborales, administrativas, sindicales, y la independencia, (los fiscales), para llevar adelante un proceso”.
La ABJ recordó que en el plenario de 2007 “el Dr. Raúl Borrino acusaba al Fiscal General, en cuestión, de haber instaurado un sistema antidemocrático de voluntad única o autocrática, todo para amedrentar a jueces y funcionarios que obstruyan una política manodurista y selectiva”.
Luego advierte sobre lo preocupante de que en los procesos que lleva adelante la Justicia, mediante las cuales se toman decisiones trascendentales para la sociedad y sus miembros, se decida el resultado final “por el mero arbitrio de quién detenta el cargo de Fiscal General, cuya función no es esa”.
Por aquel entonces los jueces denunciaron asechanza a delitos de poca monta, supresión de la independencia y de la autonomía personal de los fiscales y casos de amedrentamiento contra quiénes se opusieran a la voluntad de la Fiscalía General y su fuerza de choque.
