Las mentiras de Clarín y La Nación y el fallo del Fiscal General Ricardo Molinas

Dijo Ricardo Molinas, a cargo de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas: "la vida de Papel Prensa no por corta ha dejado de ser azarosa y plena de vicisitudes lo cual la ha convertido para la opinión pública en una etapa con nombre propio de la historia argentina reciente (...) Sin olvidar las constantes reclamaciones de los otros periódicos por presuntos privilegios conferidos a la empresa por el Estado Nacional, Papel Prensa ha sido motivo de duras y públicas polémicas y de intricados y, por momentos, abstrusos trámites judiciales y administrativos."

Algunas de las observaciones: "El precio (pagado por las acciones de Papel Prensa) fue objetado por bajo en el juicio sucesorio por el representante del Ministerio Público lo que motivó que diez años después de la venta no estuviese aún aprobada por la oposición de quien tutelaba los intereses de la hija menor de David Graiver (...) La Junta de Comandantes sin hacer ninguna referencia a estos hechos y sin realizar ninguna acción tendiente a desbaratar el negocio realizado por los Graiver y Montoneros, trató y aprobó la transferencia del paquete accionario (a los tres diarios) sin denunciar las irregularidades comprobadas:” (…) "queda claramente demostrado que la conducta del Presidente de la República de facto (Videla) implicó un grave abuso de autoridad al autorizar la prórroga del contrato sin que se diesen los extremos que el contrato fijaba como necesarios."
"El resto de los periódicos individualmente o agrupados de las distintas entidades representativas como la Asociación de Entidades Periodísticas (ADEPA), la Asociación de Diarios del Interior (ADIRA), la Asociación de Diarios Entrerrianos (ADDE), la Asociación de Prensa Técnica Argentina (APTA) sostenía públicamente que las medidas protectoras de la producción de Papel Prensa en especial las Aduaneras resultaban manifiestamente inconstitucionales por atentar contra la libertad de industria y comercio y la libertad de prensa y, además, creaban un monopolio papelero en manos de los tres diarios que constituían la competencia."

Dictaminó Molinas: "(que) el Poder Ejecutivo adopte los recaudos tendientes a declarar la nulidad, al menos parcial de los convenios y evitar los perjuicios que puedan acarrear al erario público" y denunció a Videla por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad, administración fraudulenta y a Massera y Agosti por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y encubrimiento y a Martínez de Hoz por incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta.

El 12 de abril de 1989 el juez Néstor Blondi resolvió declarar la causa "extinguida por prescripción de la acción (penal)". Y un año después, Jorge Pinzón, el fiscal que reemplazó a Molinas, ordeno archivar sin más trámite".

¿Quién gobierna a la Argentina? ¿Las autoridades electas o los grupos empresarios de poder real?

Fiscal general Julio Novo: los cuestionamientos vienen de lejos

La denuncia efectuada por once fiscales del Departamento Judicial de San Isidro ante la Procuración General bonaerense, sobre el maltrato laboral del Fiscal General, Julio Novo, no es sobre un hecho aislado o actual sino que viene de tiempo atrás, sostuvo en un informe la Asociación Judicial Bonaerense Departamental San Isidro (AJB).

La AJB es una entidad gremial que reúne a los trabajadores judiciales con el objetivo de defender sus derechos laborales, las condiciones de trabajo y salud, el salario y un modelo de Justicia inclusivo para toda la comunidad. La institución forma parte de la Federación Judicial Argentina y la Central de Trabajadores de la Argentina.

En su informe, la AJB señaló que lo denunciado por los fiscales “recuerda el Plenario efectuado por la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, del 30 de agosto de 2007” el cual advertía sobre a necesidad de encarar cambios en las condiciones laborales.

Este plenario –que es una reunión conjunta de los magistrados- analizó hace 26 meses una situación de violencia laboral, materializada en amenazas verbales, contra los jueces de garantías, Esteban E. Rossignoli y Ricardo J. Costa, por parte del Fiscal Eduardo Gabriel Rodríguez.

“Las palabras del Fiscal Rodríguez –evaluaron los jueces, por entonces- exponen que no habrá de su parte tolerancia a que lo contradigan: amenaza a todos los jueces con ser considerados favorecedores del delito y la impunidad y por tanto injuriados y maltratados si no le dicen que sí a sus peticiones”.

Esta vez los damnificados por una conducta laboral impropia de quien encabeza el organigrama institucional, son los fiscales. Para la AJB “Es imprescindible” que todos los judiciales tengan “las mismas garantías constitucionales, laborales, administrativas, sindicales, y la independencia, (los fiscales), para llevar adelante un proceso”.

La ABJ recordó que en el plenario de 2007 “el Dr. Raúl Borrino acusaba al Fiscal General, en cuestión, de haber instaurado un sistema antidemocrático de voluntad única o autocrática, todo para amedrentar a jueces y funcionarios que obstruyan una política manodurista y selectiva”.

Luego advierte sobre lo preocupante de que en los procesos que lleva adelante la Justicia, mediante las cuales se toman decisiones trascendentales para la sociedad y sus miembros, se decida el resultado final “por el mero arbitrio de quién detenta el cargo de Fiscal General, cuya función no es esa”.

Por aquel entonces los jueces denunciaron asechanza a delitos de poca monta, supresión de la independencia y de la autonomía personal de los fiscales y casos de amedrentamiento contra quiénes se opusieran a la voluntad de la Fiscalía General y su fuerza de choque.