Hacia el 28 de junio

No es frecuente en la vida política argentina vivir durante 25 años ininterrumpidos bajo la vigencia de los principios contenidos en la Constitución Nacional.
Su texto se alza como valla contra todo tipo de despotismos. Sin embargo fue violado reiteradamente desde 1930 por las fuerzas armadas, pero, ¡cuidado! también se lo pisotea cuando un gobierno elegido por el pueblo desconoce la autonomía de alguno de los 3 poderes que consagra (Legislativo, Ejecutivo y Judicial); por ejemplo: cuando se corrompe el Congreso a través de mayorías automáticas transformándolo en mera oficina notarial del Ejecutivo; cuando se dictan Decretos de Necesidad y Urgencia o se delegan facultades extraordinarias al P. Ejecutivo (prohibidas por el Art. 29); cuando se pretende anular la libertad de prensa o de expresión; cuando se rompe el federalismo a través del manejo de una “caja” que distribuye discrecionalmente, desde la rosada, fondos a provincias y municipios incondicionales, en fin, cuando se falsea el juego de las instituciones y se altera el equilibrio y control recíproco de los poderes previstos en la propia Constitución.

El art. 1° de la Carta Magna dice: “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, según lo establece la presente Constitución”. Conviene analizar el concepto y el significado de estas expresiones, y en tal sentido podemos afirmar que no existe forma de gobierno representativa si los representantes olvidan que deben cumplir los programas sobre cuyas bases se postularon para los cargos y, peor aún, se inventan los candidatos “testimoniales” que ni siquiera asumirán funciones. Tampoco hay federalismo si las provincias carecen de autonomía efectiva, dependiendo sus economías de lo que decida el gobierno central. Y mucho menos existe la República si el pueblo no ejerce plenamente la soberanía y el gobierno no rinde cuenta de sus actos ante los electores o si la responsabilidad de los funcionarios no existe y se anulan los organismos de control y vigilancia. Igualmente si las autoridades se perpetúan en la función pública y la igualdad ante la ley es simplemente declamatoria, o, por fin, si la división de los poderes se ha convertido en una ilusoria utopía.

Por ello, es importante señalar que el 28 de junio vamos a concurrir a las urnas para renovar parcialmente los cuerpos parlamentarios. Debemos elegir en el orden Nacional la mitad de la Cámara de Diputados (129) y un tercio del Senado (24), del mismo modo en el orden Provincial (Diputados y Senadores) y la mitad de los Concejales en el orden Municipal.

Por tal motivo esta convocatoria no se puede convertir en un episodio de excepción que, por precipitado, está paralizando el desenvolvimiento del país y exaltando los ánimos hasta el agravio y el revanchismo. Pululan los “enviados especiales” que dramatizan el acto eleccionario asignándole características apocalípticas o de pesadilla: “nosotros o el caos”; no pensar como nosotros configura la antipatria. Desde el poder se descalifica a los adversarios y se difama a los opositores.

Que nadie se equivoque. Esta elección va a constituir el principio del camino para la reconstrucción de una república verdadera, la que nuestra Constitución proclama y que se viene destruyendo día tras día. Tendremos la responsabilidad de hacer verdad el mandato del artículo primero de la Ley Suprema, y por eso, a partir de julio debemos constituir un gobierno auténticamente representativo, republicano y federal, alejado definitivamente de la función pública a los totalitarios, déspotas, demagogos o iluminados. Ellos vienen, con total impunidad, confundiendo la espera pública con sus intereses privados y enriqueciendo, sin el mínimo recato, a familiares y amigos del poder. Las pruebas abundan.

Con nuestro voto no vamos a terminar con esta descomposición y menos aún con el hampa de los grandes bonetes políticos del conurbano, ni vamos a resolver, de inmediato, los gravísimos problemas que afectan al país, pero lo que sí podemos lograr con una adecuada renovación legislativa, es comenzar a moralizar el gobierno dando el paso inicial hacia la plena vigencia del orden jurídico constitucional.

Comencemos entonces la lucha ciudadana para conseguir en las Cámaras debates libres y razonados, en los que se respete la opinión ajena y se busquen los consensos necesarios para enfrentar los problemas que nos aquejan.
La Constitución es un verdadero modelo de convivencia. Hagamos realidad aquella fórmula de “quiera el pueblo votar” y agregaos, “quiera también participar”.

Pedro V. Hasperué
Jorge H. Scaramella